El curso desde BIGE nos hicimos eco de la situación que viven las familias de Lanestosa, Karrantza, Turtzioz, Sopuerta y Artzentales: sus hijos e hijas no cuentan con un transporte público adecuado para acudir al IES Balmaseda, su centro público de referencia donde pueden cursar Bachillerato.

A pesar de que desde el Departamento de Educación se afirma que “el transporte está garantizado”, la realidad sobre el terreno es bien distinta. La incertidumbre es total, y las familias siguen siendo quienes asumen tanto la gestión como los costes del servicio.

Las ayudas no llegan y el coste se dispara

Actualmente, un autobús privado contratado por la AMPA del centro permite que los y las estudiantes lleguen al instituto. Sin embargo, el coste asciende a 300 euros mensuales por estudiante, y aún no han recibido ni un solo euro de las ayudas prometidas para este curso.

El próximo año, la situación podría ser aún peor al reducirse el número de estudiantes, el coste por familia aumentará, mientras nadie aclara si las ayudas llegarán a tiempo o si cubrirán el importe completo.

Un problema estructural

El Decreto 164/2023 del Gobierno Vasco reconoce el derecho a ayudas al transporte para el alumnado de Bachillerato, especialmente en zonas vulnerables como estas. Pero, según denuncian las familias, el decreto no concreta ni las cantidades ni los plazos, y no garantiza el servicio, solo una posible compensación futura.

Mientras tanto, los horarios de Bizkaibus siguen siendo incompatibles con la jornada escolar: los estudiantes tendrían que salir de casa a las 6:45 y regresar a las 18:00, sin tiempo para comer.

Una cuestión de derechos

“No se trata solo de dinero”, explican las familias. “Esto va de igualdad de oportunidades, de acceso universal a la educación. No podemos permitir que vivir en un pueblo suponga pagar 300 euros al mes por poder estudiar.” Denuncian que se les impone gestionar un servicio que debería ser público y que las instituciones están eludiendo su responsabilidad.

Exigen soluciones reales

Las familias vuelven a exigir un transporte escolar público, digno y garantizado, que no se delegue la gestión en las familias y que las ayudas sean claras, suficientes y lleguen al inicio del curso. “No queremos parches ni promesas. Queremos hechos. Queremos que nuestros hijos e hijas puedan estudiar en igualdad de condiciones», afirman las familias.