Han pasado muchos años desde el último debate sobre el mapa escolar de la Escuela Pública Vasca. Desde entonces, la política del Departamento de Educación se ha caracterizado por decisiones unilaterales que han ido modificando la oferta por zonas, realizando fusiones o absorciones e incluso cierres de centros públicos sin una estrategia de ampliación de la red pública allí donde es necesaria. Sistemáticamente, el Departamento se ha negado a liderar un debate real sobre las necesidades educativas que atiendan a la demanda social y al fortalecimiento de la escuela pública. Creemos firmemente que no se pueden realizar cambios en el mapa escolar sin consultas previas ni consensos con las comunidades educativas implicadas y con agentes sociales como EHIGE y las federaciones de madres y padres, HEIZE y sindicatos.

No se trata de decisiones puntuales ni de casos aislados. Lo que presenciamos en los últimos años es un proceso sostenido de cierres, integraciones y absorciones que afecta a todo el territorio. Este proceso está marcado por la falta de transparencia, la ausencia de diálogo y la nula participación real de las comunidades afectadas.

Ni siquiera las comisiones de garantías de admisión en las que participamos—cuya función es supervisar el proceso de admisión de alumnado en los centros públicos y privados concertados y garantizar el cumplimiento de la normativa— han sido informadas de las intenciones del Departamento. Al igual que el curso pasado, se ha tenido conocimiento de las todas las decisiones a través de ruedas de prensa de la consejera.

Reiteramos que estas decisiones no han sido consensuadas, y que en la mayoría de los casos se ha informado a las comunidades escolares cuando la decisión ya ha había sido firme, sin margen para el debate ni para la construcción de alternativas. Tampoco se ha aclarado si los centros receptores (Gabriel Aresti y Gallego Gorria en Bilbao, Artaza-Pinueta en Leioa y San Ignacio en Getxo) han sido consultados ni si contarán con los recursos humanos y materiales necesarios para acoger al nuevo alumnado en condiciones adecuadas.

Bajo el eufemismo de «integraciones», lo que se está produciendo en muchos casos son cierres encubiertos. La estrategia es conocida: se impide la matrícula durante varios cursos para reducir progresivamente la viabilidad del centro y, finalmente, justificar su desaparición. Aunque se otorgue prioridad al alumnado para matricularse en otro centro público, las condiciones creadas (distancias, falta de transporte o incertidumbre) empujan indirectamente a muchas familias hacia la red concertada.

Ante esta situación, las preguntas son inevitables: ¿cuáles serán los siguientes centros?, ¿qué otras medidas están previstas?, ¿únicamente se van a tomar medidas en los centros públicos?, ¿la bajada de natalidad solo afecta a la red pública?

Mientras la escuela pública se debilita, incrementa la financiación de la red concertada. No estamos ante una reorganización neutra, sino ante un desmantelamiento progresivo de la escuela pública, ejecutado sin transparencia ni debate social honesto. Defender la escuela pública es una apuesta por la equidad y la cohesión social; por ello, este debate no puede seguir dándose a puerta cerrada.