EHIGE ha trasladado al Gobierno vasco su valoración negativa sobre el Anteproyecto de Ley de Educación del Gobierno vasco, ya que propone un modelo de escuela que no compartimos: un modelo educativo en el que la escuela pública no es protagonista, que mantiene el sistema dual actual permanentemente denunciado por la Escuela Pública Vasca, que relega a la comunidad educativa a ser mera observadora y que no refleja el objetivo de lograr un sistema educativo propio euskaldun para la cohesión y la justicia social.

En definitiva, no ofrece las garantías necesarias para resolver los problemas del sistema educativo vasco, ni es el marco en el que la escuela pública se convierta en su eje.

El Servicio Vasco de Educación

El Anteproyecto de Ley crea un Servicio Público de la Educación formado por centros de titularidad pública y centros de titularidad privada financiados de forma idéntica. Es decir, renuncia claramente a construir un sistema educativo cuyo eje sea la escuela pública.

Los centros públicos y los centros privado-concertados no tienen nada en común, ni en lo referente a la organización de las plantillas laborales, ni en el acceso a la función docente, el mantenimiento de las instalaciones, los servicios de comedor y transporte, ni tampoco responden a la misma finalidad. De hecho, el Anteproyecto reconoce que “la Escuela Pública Vasca garantiza el ejercicio del derecho universal a la educación, sin distinción de origen, género, situación socioeconómica y cultural, creencias religiosas o cualquier otra circunstancia”. Por contrario, los centros concertados son considerados “de interés social” y no comparten el mismo objetivo que la escuela pública. Por consiguiente, ¿qué finalidad tiene crear una nueva categoría que de facto sitúa y equipara los centros públicos y privado concertados? Solo se nos ocurre uno: dar rango legal a una reivindicación histórica de la red privada concertada blindando el actual modelo dual.

La planificación y el acceso al sistema educativo

En el marco de la planificación de puestos escolare,s durante los últimos años la aplicación de la denominación “centros sostenidos con fondos públicos” para referirse a los centros privados concertados ha propiciado un debilitamiento progresivo de la educación pública, permitiendo una mayor implantación de oferta privada-concertada en las áreas urbanas y en especial en las ciudades. Asimismo, ha justificado la inexistencia de centros escolares públicos en varios municipios de la CAV, alegando que las necesidades de escolarización ya se garantizan a través de un centro sostenido con fondos públicos, lo cual supone un claro ejemplo de suplantación de funciones.

El criterio principal de planificación de las últimas décadas ha consistido en atender sin limitaciones la demanda del mercado y fomentar la sobreoferta de puestos escolares de los centros privado-concertados, lo que ha dado como resultado un sistema educativo segregador, injusto y desequilibrado.

A pesar de que esta realidad ya no la cuestiona nadie, el Anteproyecto no solo no rectifica, sino que insiste en aplicar el mismo criterio que nos ha llevado a esta situación. Así, el artículo 33, por el que se establecen el proceso y los criterios de acceso a las plazas, establece que “la planificación estratégica del departamento competente en materia de educación tiene como objeto la adecuación de la oferta a la demanda”.

Esto, unido a la referencia constante del Anteproyecto a la “libertad de elección de centro” y el constante aumento de la financiación de la red privada concertada nos colocan ante un sistema educativo totalmente privatizado.

Gobernanza y autonomía

En lo referente a la autonomía de los centros públicos, el Anteproyecto no recoge ningún avance con respecto a la situación actual. Es más, propone una organización escolar totalmente vertical en el que se relega a la comunidad educativa a un papel de mero espectador.

Además, la constante referencia a los contratos programa a lo largo de todo el texto puede suponer la desregularización del sistema y una vía para aumentar la financiación a los centros que ya parten de una situación de ventaja. Todo el anteproyecto bascula alrededor de estos contratos, que generan incertidumbre y dudas: ¿se va a lograr una mayor equidad y una mejora de la calidad o se van a perpetuar las diferencias entre centros y/o entre redes?

Autonomía y gobernanza van de la mano. Sin un OMR con facultades no hay autonomía. En el anteproyecto El OMR ha sido relegado al último puesto entre los órganos de gobierno de los centros educativos (ocupa el primer puesto en la Ley de Escuela Pública Vasca) y ha perdido atribuciones, como la elección de la dirección. Además, desaparece la asamblea de madres y padres como órgano de gobierno.

Con respecto a la comunidad educativa su papel aparece relegado a un segundo plano, ya que hemos de esperar al final del capítulo para que tomen protagonismo en la gobernanza el alumnado, las familias y el profesorado.

Por si esto fuera poco, desaparece la referencia a las AMPA, federaciones y confederaciones, así como al establecimiento de mecanismos de financiación para su consolidación y desarrollo (artículo 44.2 de la LEPV). ¿Pretende el Gobierno suplantar a las asociaciones a través de la creación de un nuevo órgano?

Euskara

Tampoco vemos avances en el proceso de normalización de nuestra lengua. Aunque el anteproyecto establece que todo el alumnado debe lograr el B2 en euskera al finalizar la enseñanza obligatoria, vemos dificultades para lograr este objetivo:

• No se concreta el modelo lingüístico. Se dice que el marco será plurilingüe e intercultural, sin definir el modelo.
• No recoge que el euskera debe ser la lengua vehicular.
• No se definen los compromisos que adquieren las administraciones para garantizar los objetivos establecidos

En lo que se refiere al Proyecto Lingüístico, el Anteproyecto establece que se deben tener en cuenta el entorno sociolingüístico y el perfil del alumnado. Debería quedar claro que habría que compensar la situación sociolingüística para garantizar que todo el alumnado logra el B2.

Asimismo, es necesario garantizar que todas las actividades extraescolares se realizarán en euskera, dotando a los centros y a las AMPA de todos los recursos necesarios para ello.

Por último, el currículum debería recoger, además de los medios para aprender y promover el euskera, los medios para transmitir la identidad cultural e histórica de Euskal Herria, como elementos para garantizar la cohesión social.